- El presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general que desde 2015 impedía portar armas a ciudadanos con permisos vigentes.
El Gobierno de Colombia dio un giro a su política de control de armas al levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una restricción vigente desde 2015 y mantenida durante los gobiernos de distintos signos políticos.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1368, firmado este 8 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien justificó la medida bajo el argumento de que los ciudadanos que cumplen con la ley no deben quedar en desventaja frente a organizaciones criminales.
De acuerdo con medios internacionales como EFE y EL PAÍS, la disposición no representa una autorización general para que cualquier persona pueda portar un arma.
El sistema de permisos, requisitos y controles de las autoridades permanece vigente, por lo que el cambio beneficia principalmente a quienes ya cuentan con los permisos correspondientes. Se estima que alrededor de 700 mil personas tienen salvoconductos que podrían volver a utilizar para portar sus armas.
De la Espriella presentó la decisión como parte de su estrategia de mano dura contra la delincuencia y de defensa de la legítima defensa.
Su argumento central es que mientras los grupos criminales continúan utilizando armamento ilegal, los ciudadanos que respetan la ley habían quedado limitados para defenderse.
Sin embargo, la decisión ya genera cuestionamientos entre sectores políticos y especialistas en seguridad. El principal argumento de los críticos es que una mayor circulación de armas entre civiles podría incrementar los riesgos de que éstas sean utilizadas en conflictos cotidianos o terminen en manos de organizaciones criminales.
El debate ahora se centra en si el levantamiento de la suspensión contribuirá a mejorar la capacidad de defensa de los ciudadanos o si, por el contrario, aumentará los riesgos de violencia en un país que mantiene elevados niveles de criminalidad.
GE